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La acción legal interpuesta por la UPCN denuncia despidos masivos, arbitrarios e ilegítimos que vulneran diversos derechos laborales, incluyendo la protección contra el despido arbitrario, la estabilidad del empleado público y de los representantes sindicales, así como la igualdad de trato y no discriminación.
Se destaca que más de 70.000 trabajadores estatales han sido desvinculados en las últimas semanas, abarcando distintas modalidades contractuales y categorías laborales, incluyendo trabajadores con contratos a plazo, ingresados mediante "cupos trans", en período de prueba o pertenecientes a la planta permanente, a pesar de tener estabilidad y ser delegados sindicales.
La jueza argumentó la incompetencia de la Justicia Nacional del Trabajo para conocer el caso, argumentando que las contrataciones en cuestión y la naturaleza jurídica de la persona demandada resultan ajenas al derecho laboral privado, desplazando así la competencia del fuero.
En el análisis de la magistrada, las cuestiones planteadas deben ser abordadas bajo la normativa pública administrativa reguladora del empleo público, en virtud de la inaplicabilidad del artículo 2, inciso a) de la Ley de Contrato de Trabajo.
