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La norma, publicada el 16 de abril en el Boletín Oficial, establece la cesión de competencias a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz para el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje en rutas nacionales. Desde el gremio que conduce Graciela Aleñá sostienen que esta “descentralización” es en realidad una estrategia de fragmentación del sistema vial.
“El decreto altera de raíz el sistema vial argentino, desconociendo el espíritu del Decreto-Ley 505/58”, señalaron desde STVyARA, y remarcaron que ese marco normativo define a la Dirección Nacional de Vialidad como el organismo rector encargado de planificar, construir y conservar la red troncal bajo “un criterio integral, federal y solidario”.
Para el sindicato, la medida “fragmenta la gestión, delega funciones centrales y convierte rutas en unidades de negocio”, abriendo la puerta a una lógica donde predomina la rentabilidad por sobre la conectividad. “Al sector privado solo le interesan las rutas rentables”, advirtieron, y alertaron: “vas a tener rutas de primera para los negocios y rutas destruidas para los pueblos; provincias ricas conectadas y provincias olvidadas”.
En ese sentido, denunciaron que el esquema propuesto “rompe el principio de igualdad territorial y atenta contra el desarrollo federal”, al tiempo que vincularon la iniciativa con un proceso previo de desfinanciamiento del organismo. “Desfinancian la Dirección Nacional de Vialidad, recortan inversión, frenan obras y preparan el terreno para justificar el achique. Ajustan sobre las rutas, sobre los trabajadores y sobre el interior del país”, afirmaron.
El gremio también puso el foco en el impacto laboral de la medida, al advertir que la pérdida de funciones del organismo podría traducirse en despidos, precarización y pérdida de capacidades técnicas acumuladas en el sector público.
En ese marco, desde STVyARA reivindicaron el rol estratégico de la red vial: “Las rutas nacionales no pueden regirse por la rentabilidad, porque conectan pueblos, integran economías regionales y garantizan soberanía territorial”. Y concluyeron con una advertencia: “No vamos a mirar para otro lado, no vamos a aceptar el vaciamiento, no vamos a dejar caer la Dirección Nacional de Vialidad”.
El rechazo a la medida también sumó respaldo internacional. Tanto la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) expresaron su apoyo al reclamo y llevaron la situación a foros globales del sector, alertando sobre el impacto de las políticas del Gobierno argentino en la infraestructura y el empleo vial.
