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La presentación fue realizada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y quedó registrada bajo el número 204/2026. La acción judicial está encabezada por la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, con el patrocinio del abogado Eduardo S. Barcesat.
Según el escrito, se solicita investigar la posible comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, previstos en el artículo 248 del Código Penal, en concurso con administración fraudulenta (artículo 174, inciso 5°).
De acuerdo con la denuncia, fondos pertenecientes al sistema de seguridad social habrían sido canalizados hacia instrumentos financieros bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores, lo que —según el gremio— implicaría apartarlos de su finalidad original dentro del régimen solidario de reparto que sustenta las jubilaciones.
Desde STVyARA advirtieron que esta operatoria podría representar un retroceso hacia esquemas similares a los de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, vigentes en el país hasta su eliminación, y cuestionadas por haber generado perjuicios para los trabajadores y beneficios para el sector financiero.
La denuncia también alcanza a funcionarios del ámbito político y administrativo que habrían intervenido en la elaboración del proyecto de ley de “modernización laboral”, así como a legisladores nacionales que respaldaron la sanción de la Ley Nº 27.802.
En el plano constitucional, el sindicato sostuvo que las medidas denunciadas podrían vulnerar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social. Asimismo, invocó tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que establecen principios de progresividad y no regresión en materia de derechos laborales.
Finalmente, desde la organización gremial señalaron que esperan que la investigación avance y contribuya a garantizar el respeto de los principios constitucionales y la protección de los derechos sociales, en un contexto de debate sobre el alcance de las reformas en el sistema previsional.
