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La organización, con sede en Londres y que agrupa a 16,5 millones de trabajadores del transporte de 740 sindicatos en 150 países, respaldó además el balance de la central obrera sobre un “contundente acatamiento del 90 %” de la medida de fuerza, mientras el proyecto —que ya obtuvo media sanción en el Senado— se debatía en una extensa sesión en la Cámara de Diputados.
En un duro comunicado, la ITF cuestionó el contenido de la iniciativa oficial al advertir que “la legislación propuesta incluye medidas para debilitar la negociación colectiva, restringir el derecho a huelga, reducir las protecciones contra despidos injustificados, desregular las condiciones laborales y aumentar la flexibilidad de los empleadores”. Según la federación, los cambios implicarían revertir “derechos fundamentales obtenidos con décadas de lucha” y entrarían en conflicto con los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por la Argentina.
La entidad representa en el país a sindicatos marítimos, fluviales, portuarios, ferroviarios y aeronáuticos, tanto de pasajeros como de cargas. “Los trabajadores y trabajadoras del transporte vuelven a estar en primera línea para defender los derechos democráticos y laborales mientras los sindicatos se movilizan contra las reformas”, señaló.
El secretario general de la ITF, Stephen Cotton, afirmó que “en todo el mundo estamos viendo reformas económicas utilizadas para trasladar el riesgo a los trabajadores” y reclamó “diálogo social genuino en lugar de imponer reformas que erosionan las protecciones”. En la misma línea, sostuvo que “los trabajadores y trabajadoras del transporte de todas las regiones del mundo se solidarizan con todos los que están en huelga en Argentina defendiendo sus derechos y su futuro”.
Por su parte, el presidente de la federación, Paddy Crumlin, calificó la iniciativa como “un ataque directo a las y los trabajadores y al movimiento sindical en Argentina” y aseguró que el Gobierno “intenta desmantelar los derechos laborales duramente conquistados bajo la falsa promesa de libertad económica, mientras traslada la carga de la crisis a los trabajadores y sus familias”. También advirtió que “cuando los gobiernos intentan silenciar a los sindicatos, restringir el derecho a la huelga y debilitar la negociación colectiva, el movimiento obrero internacional debe responder con unidad y solidaridad”.
La ITF reclamó finalmente “respeto a los estándares laborales internacionales y un diálogo significativo con los sindicatos” y definió el proyecto como un “ataque regresivo” a los derechos sindicales y democráticos, en un contexto de creciente conflicto laboral en el país y con el transporte como uno de los sectores más activos en la protesta.
