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La falta de definiciones claras sobre la continuidad laboral y las indemnizaciones correspondientes genera una profunda preocupación en el gremio.
Esta situación no solo impacta en la estabilidad de las familias de los empleados, sino que también podría comprometer la seguridad de miles de usuarios que transitan por las rutas 12, 14 y 172. La posible intervención de Vialidad Nacional en la administración de estas vías podría llevar a la suspensión indefinida del cobro de peajes, lo que, según el sindicato, resultaría en un deterioro significativo de la infraestructura vial.
Desde el SUTPA, se exige al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes respuestas urgentes para proteger tanto a los trabajadores como a la infraestructura vial esencial para el comercio regional. El sindicato se mantiene en estado de alerta y dispuesto a expresar su postura en los medios de comunicación.
Por su parte, representantes de CRUSA han manifestado que, al no haber sido notificados oficialmente sobre el proceso de finalización del contrato, existe una preocupación creciente por la falta de comunicación y planificación, lo que podría afectar a las 480 familias que dependen de la empresa.
La incertidumbre también se extiende a la administración futura de las rutas. Según trascendidos, podría haber un periodo de hasta un año sin una entidad a cargo de la gestión y mantenimiento de las vías, lo que afectaría servicios esenciales como el remolque de vehículos y la atención en casos de accidentes.
