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El sector empresarial, por su parte, advierte sobre el impacto que esta medida tendrá en los costos productivos y los precios finales.
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) justificó el aumento por el incremento de la litigiosidad y los problemas estructurales del sistema. Según el organismo, en 2023 se registraron 125.842 juicios por accidentes laborales, un 6,8% más que el año anterior. “Estos niveles de litigiosidad perjudican a toda la estructura productiva: afectan las decisiones de inversión y empleo de los empleadores, limitan las oportunidades de los trabajadores y socavan la solvencia del sistema”, señaló la entidad.
El costo judicial como barrera estructural
Desde la UART argumentan que los porcentajes de siniestralidad en Argentina son similares a los de países como Chile y España, pero la judicialización es 20 veces mayor. “Esto descoloca cualquier esfuerzo competitivo”, advirtieron, mientras señalaban a la inflación como otro factor clave en el deterioro del sistema.
Entre las empresas que aplicarán el aumento están Experta (Grupo Werthein), Galeno, Segunda Seguros y Grupo Provincia. Incluso, Provincia ART, perteneciente al Gobierno bonaerense, habría dado su aval al incremento.
Acusaciones cruzadas y preocupación empresarial
Desde el Ejecutivo, denuncian que la medida responde a una presunta coordinación entre las empresas del sector para fijar precios. Sin embargo, Mara Bettiol, presidenta de la UART, aclaró que “no impulsamos aumentos. Cada compañía define su política y sus tiempos”.
El tarifazo no solo recae sobre las empresas empleadoras, sino que también amenaza con presionar aún más a la inflación. "La falta de control en estas decisiones impactará en toda la cadena productiva, aumentando los precios y poniendo en jaque al empleo formal”, indicaron desde una cámara empresarial.
El debate sobre las ART vuelve a encenderse en un contexto en el que los trabajadores temen que este ajuste termine trasladándose a la precarización laboral. Mientras tanto, las aseguradoras insisten en que el sistema necesita reformas profundas para frenar la judicialización y garantizar su viabilidad. “Sin cambios de fondo, la situación será insostenible”, remarcaron.
