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El rechazo se dio tras la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, que inició la venta del 90% de las acciones de la empresa a capitales privados, mientras que el 10% restante quedará en manos de los empleados. El Gobierno estableció un plazo de ocho meses para concretar la operación.
Desde el gremio cuestionaron los fundamentos oficiales que calificaron la gestión estatal de AySA como “ineficiente y costosa”, ubicándola como “el segundo peor operador de la región”. “Dicho indicador mide únicamente la cobertura, sin considerar la calidad ni la performance en la operación del servicio. De este modo, se inducen conclusiones erróneas que no reflejan el verdadero trabajo y compromiso que día a día sostienen los trabajadores de la empresa”, respondió el sindicato.
El SGBATOS también puso en duda la afirmación de que la privatización permitirá atraer 15.000 millones de dólares en inversiones para ampliar el servicio. “¿Qué grupo empresario estaría dispuesto a invertir semejantes sumas hacia sectores que necesariamente requieren subsidios estatales y que no representan rentabilidad inmediata? La experiencia histórica demuestra que la lógica del mercado no garantiza inclusión, sino que prioriza la rentabilidad por sobre el acceso universal”, señalaron.
En ese sentido, remarcaron que “el agua no es una mercancía, es un derecho humano esencial y un bien social que debe estar bajo la órbita del Estado, con gestión profesional y participación activa de sus trabajadores y trabajadoras”.
Finalmente, rechazaron la versión oficial de que la privatización permitirá llegar a los 5 millones de argentinos sin agua y cloacas. Para el gremio, esa afirmación “carece de sustento real”, porque “en un esquema privatizado, nadie asume la responsabilidad de garantizar el acceso al agua y al saneamiento a la población más vulnerable”.
