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El abogado Ciro Annicchiarico, con 20 años de trayectoria en el organismo, expresó: “Tenemos absolutamente en claro que el objetivo de este Gobierno es destruir la política de Memoria, Verdad y Justicia y aniquilar la Secretaría de Derechos Humanos”. Según Annicchiarico, a partir del 31 de enero, 400 trabajadores serán despedidos, mientras que aquellos de planta permanente dejarán de percibir un incentivo que representa la mitad de su salario. “Es un vaciamiento absoluto”, enfatizó.
Militarización y resistencia
El panorama es alarmante: los trabajadores advierten que el próximo 2 de enero, el edificio de la Secretaría aparecerá militarizado para impedir su ingreso. Annicchiarico fue categórico: “Nosotros vamos a entrar igual para defender desde acá una política de Estado que ha hecho que Argentina sea un ejemplo a nivel mundial”.
Por su parte, Octavio Rampoldi, delegado de ATE en la Secretaría de Derechos Humanos, explicó que el vaciamiento afecta áreas clave como violencia institucional, leyes reparatorias, el Archivo de la Memoria y los espacios de memoria. “Acá no hay ningún ñoqui ni contrato espurio como dijo el vocero presidencial Manuel Adorni. Hay trabajadores que ponen el corazón en cada tarea”, señaló.
Programas en riesgo
El desmantelamiento impacta directamente en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. Según Rampoldi, tareas fundamentales, como la búsqueda de pruebas que respalden testimonios, han sido desactivadas. Además, la reciente clausura de la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños durante la dictadura agrava la situación. Esta decisión, tomada en agosto por el gobierno, fue justificada bajo argumentos de supuesta invasión de competencias, pero su cierre afecta investigaciones cruciales.
“El pueblo no está cansado de estas políticas”
Annicchiarico desestimó la narrativa oficial de que existe un rechazo social hacia las políticas de derechos humanos: “La mayoría del pueblo argentino apoya estas políticas. El problema está en los sectores negacionistas amplificados por los medios masivos de comunicación”.
Contexto de despidos masivos
El conflicto en la Secretaría de Derechos Humanos es parte de una ola de despidos en distintas dependencias. Además de los 400 cesanteados en esta área, otros 2000 empleados del Ministerio de Justicia enfrentan la pérdida de sus contratos. En total, los trabajadores contabilizan al menos 2500 despidos en distintas dependencias estatales desde el inicio del gobierno de Javier Milei.
Con esta convocatoria al abrazo simbólico, los trabajadores buscan sumar apoyo de organizaciones sociales, políticos y ciudadanos comprometidos con la defensa de los derechos humanos. “Queremos que quienes levantan estas banderas muestren coherencia y estén presentes”, concluyó Annicchiarico.
