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El secretario administrativo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Marcelo Delfor, indicó que "ya se ha judicializado el conflicto, más allá de la cuestión administrativa y las acciones gremiales que continúan".
La protesta se inició el 15 de febrero, cuando se conoció un decreto del gobernador Maximiliano Pullaro que despidió a 55 trabajadores de las ciudades de Santa Fe y de Rosario que habían pasado a planta permanente en noviembre de 2023.
Ese mismo día, el secretario general de ATE, Adolfo Avallone, presentó un recurso de revocatoria contra el decreto 108/24 por considerar a ese acto administrativo "ilegítimo y violatorio de derechos garantizados por la Constitución Nacional" por una "afectación directa a la negociación colectiva".
El texto señala que los trabajadores cesanteados venían "prestando servicios de manera continua e ininterrumpida en el Registro General" y a quienes "se les reconoció finalmente su derecho a la estabilidad laboral" de acuerdo a la ley, la Constitución Provincial y la Nacional y al Acta número 2/23 de la Comisión Paritaria Central.
El texto de ATE afirma que hay "carencia de motivación para su revocación" y que el decreto del gobernador implica una "afectación de la negociación colectiva", al tiempo que le endilga "vicios de procedimiento por violación al derecho de defensa y debido proceso".
Ante la falta de respuestas, los trabajadores continúan con un paro de actividades con asistencia a los lugares de trabajo pero sin atención y presentaron una medida cautelar con casos testigos de las ciudades de Santa Fe y de Rosario.
La paralización de las actividades en el Registro perjudica la tarea de los escribanos y de la comunidad, ya que no se están realizando los trámites que brindan seguridad jurídica a través de la registración de escrituras, modificaciones de planos y contratos de alquiler.
