La medida, que incluyó un despliegue de fuerzas de seguridad, fue calificada como "un ataque directo a la clase trabajadora" y "un golpe a la industria nacional".
El cierre de la planta llega en un contexto de tensiones laborales y denuncias de vaciamiento. Según fuentes sindicales, la Casa de Moneda habría dejado de imprimir papel moneda tras la anulación de contratos vigentes con el Banco Central, una decisión que, aseguran, no fue defendida por la entidad estatal mediante acciones legales o administrativas. Además, cuestionaron que no se haya permitido a la planta participar en la licitación para producir billetes de 20.000 pesos, lo que, argumentan, responde a un plan deliberado para justificar la importación de billetes desde China bajo la premisa de costos más bajos.
Actualmente, los 270 empleados de la planta se encuentran licenciados, mientras sus familias enfrentan la incertidumbre sobre el futuro laboral. Por su parte, la Gendarmería custodia las instalaciones en lo que el gremio gráfico denunció como un "operativo de vaciamiento" similar a los métodos de las dictaduras militares.
El sindicato gráfico expresó su solidaridad con los trabajadores afectados y rechazó la "apertura indiscriminada de importaciones", señalando que estas políticas no solo perjudican a la Casa de Moneda, sino también a la industria nacional en su conjunto.
"Solo la unidad y movilización de los trabajadores puede frenar estas políticas de desprecio humano y destrucción nacional", subrayaron desde el gremio, en un llamado a la acción colectiva frente a lo que consideran un golpe sin precedentes contra el empleo y la producción argentina.
