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“Es una locura, están poniendo en riesgo la coherencia territorial del Sistema Vial Federal argentino”, expresaron desde el sindicato, en un fuerte rechazo al proyecto. El documento firmado por los mandatarios provinciales propone modificar el destino del fondo específico que hoy administra la Dirección Nacional de Vialidad, organismo rector de la política vial a nivel nacional desde la sanción de la Ley 505/58.
“El traspaso directo de los fondos implicaría la fragmentación de una política pública esencialmente federal”, advirtieron. Según el sindicato, si bien la propuesta puede surgir de necesidades genuinas de las provincias, su implementación afectaría la planificación estratégica nacional.
Desde el STVyARA destacaron que Vialidad Nacional cuenta con presencia territorial, equipamiento y personal técnico especializado en todo el país, lo que permite ejecutar obras “de forma eficiente, con criterios unificados y con la experiencia acumulada durante décadas”. En cambio, sostuvieron que entregar los fondos directamente a cada jurisdicción implicaría “la duplicación innecesaria de estructuras provinciales, el desaprovechamiento de los recursos ya existentes y la consecuente pérdida de eficiencia en el uso del dinero público”.
Graciela Aleñá, también integrante del Consejo Directivo de la CGT y la CATT, apuntó contra el Gobierno Nacional por la parálisis en la obra pública. “Si existe una situación de parálisis en la ejecución de obras por parte del Gobierno Nacional, lo que corresponde no es desmantelar el esquema federal vigente, sino reclamar con firmeza la reactivación inmediata del uso de los fondos específicos del combustible, hoy depositados y ociosos, en desmedro del mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial”, aseguró.
Para Aleñá, “la red vial argentina requiere una visión integradora, federal y profesional, no su atomización al arbitrio de administraciones locales”. Y remarcó que la desarticulación del sistema puede provocar “pérdida de estándares de seguridad vial, discontinuidad en los corredores estratégicos, inequidad en el acceso al desarrollo regional y aumento exponencial de los costos de recuperación de la infraestructura degradada”.
La sindicalista exigió al Congreso que intervenga para garantizar el uso correcto de los fondos retenidos: “No se trata de negar las necesidades provinciales, sino de preservar una política pública nacional que nos une, nos conecta y nos da sustento para crecer de manera equitativa”. Y concluyó: “Es fundamental que el Congreso Nacional intervenga para lograr la transferencia de los montos retenidos y asegurar el normal desembolso que por ley corresponde a la Dirección Nacional de Vialidad”.
