Milei y el Imperialismo del dólar

Sin embargo, es preciso resaltar lo ya dicho: el DNU sigue vigente. En este contexto, el bloque opositor de Unión por la Patria viene encabezando el pedido a la Vicepresidenta Victoria Villarruel de tratamiento del mismo en el Senado, a lo que se fue sumando también el radicalismo con Martín Lousteau a la cabeza, que ya ha intimado al Presidente de la Cámara de Diputadxs Martín Menem para que constituya la Comisión Bicameral de tratamiento del DNU.

Hasta acá entonces, nada nuevo bajo el sol: si el DNU sigue en pie, lo que continúa vigente es la desregulación de la economía que el Gobierno dictaminó unilateralmente a pocos días de haber asumido. Ahora bien, vale preguntarse y reflexionar lo que también otrxs vienen preguntándose y reflexionando: ¿cuál es el plan económico del gobierno? ¿En qué se apoya y a dónde pretende llegar? La respuesta la vienen expresando varios actores políticos y analistas económicos, comenzando por Milei en su campaña electoral, pasando por Martín Guzmán en su entrevista con Tenenbaum, hasta llegar a Cristina en su carta publicada el reciente 14 de febrero: el plan para la Argentina es alcanzar la dolarización, lo que requiere necesariamente la obtención de los dólares que le faltan a la Argentina (que son millones y millones). Para eso, dentro de la Ley Ómnibus, se estipulaba modificar los límites para la toma de deuda soberana impuestos al Poder Ejecutivo Nacional por la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (26.612) sancionada en el año 2021, que establece que el endeudamiento de la Argentina en moneda extranjera, bajo ley extranjera y con prórroga de jurisdicción requiere autorización del Congreso; así como modificar la Ley de Administración Financiera del Estado (24.156), que en su artículo 65 establece que solo se podrá reestructurar la deuda pública si ello implica un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales (desde ya, Lali no estaba para nada errada cuando lo trató de antipatria). Además, el proyecto estipulaba la liquidación/venta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, y la facultad delegada de privatizar 41 empresas estatales.

Como sabemos, nada de esto ha ocurrido luego de la ya mencionada derrota que sufrieron los libertarios con el regreso a comisión de la Ley Ómnibus. Sin embargo, y tal como viene siendo demostrado, el gobierno no se detendrá ante dicha imposibilidad, y pretenderá violar todas las normas que le impidan arribar al mencionado destino. Sin ir más lejos, el reciente viernes 16 de febrero el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que se está elaborando el decreto para la eliminación de "algunos fondos fiduciarios", discusión que fue dada en el recinto de Diputadxs el día en que finalmente la Ley Ómnibus fue devuelta a foja cero. La medida representa, según estimaciones oficiales, unos u$s2.000 millones (según datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, eso es cerca del 2% del Producto Bruto Interno del país), y constituyen aquellos ingresos recibidos por las provincias que sirven como una suerte de presupuesto garantizado por más de un año para asegurar el financiamiento y estabilidad de un programa público. Por ello, estos presupuestos afectan directamente a los gobernadores provinciales, por lo que ya es posible vaticinar un nuevo capítulo del conflicto entre Nación y las provincias. Entre los distintos fondos o fideicomisos a tocar se encuentran el Fondo Fiduciario de Infraestructura de Transporte y el de Desarrollo Provincial, Fondo Fiduciario PROCREAR, Fondo PROGRESAR, Fideicomisos vinculados al transporte eléctrico federal, capital social y seguridad aeroportuaria Fondo de Infraestructura Hídrica, Fondo estabilizador del trigo y el Fondo Fiduciario de cobertura de salud.

Pero como si esto no fuera suficientemente grave, es preciso dejar en claro que, sin que dicha medida esté vigente aún, ya nos encontramos atravesando el proceso de dolarización: la creciente y desmedida inflación, producto de la desregulación económica habilitada por el DNU, está licuando los ingresos de todos y todas nosotros, los y las argentinas (lo que se llama “base monetaria”), y licúa también los pasivos remunerados del BCRA. De este modo, y partiendo de que para dolarizar hay que contar con la cantidad de dólares necesarios para sostener la vida diaria y las transacciones en general, el gobierno prepara un esquema en el que cada vez sean menos los dólares necesarios para ello. En criollo: si nuestros sueldos se devalúan como lo están haciendo y como seguirá ocurriendo, en vista de los anuncios oficiales, nuestros sueldos representarán (para nuestros empleadores/as, y por ende para el Estado que debe garantizar la moneda) un costo cada vez menor en la moneda extranjera.

¿Cómo leer todo esto? ¿Qué salidas posibles existen? Para responder estas preguntas, queremos aprovechar para difundir algunos de los aportes del reciente libro de Maurizio Lazzarato, titulado El Imperialismo del dólar. Crisis de la hegemonía estadounidense y estrategia revolucionaria, publicado por Tinta Limón Ediciones (que dicho sea de paso, recientemente se ha convertido oficialmente en una cooperativa de trabajo).

Centralmente, Lazzarato explica en su libro la política imperialista  que Estados Unidos lleva adelante desde hace 50 años, bajo el argumento de que todo Imperialismo se sostiene mediante sus dos elementos constitutivos: la moneda y la guerra. Es decir, si el Imperialismo es la pretensión de cooptación de la política y la economía de territorios ajenos en beneficio propio, eso solo puede sostenerse a través de aquellas dos variables. Así, la guerra sería la continuación de la moneda por otros medios.

¿Pero por qué la moneda sería una herramienta imperialista al servicio de EEUU? En términos generales todxs lo sabemos: desde la década del ´70 el dólar es la moneda de intercambio mundial, y es Estados Unidos el que tiene el control absoluto de la emisión de dicha moneda, de la que todas las naciones dependen. Así, explica Lazzarato, “el imperialismo estadounidense, al manipular el costo del dinero, abre y cierra el ciclo del capital, proporcionando alternativamente la liquidez necesaria o, por el contrario, sustrayendo la disponibilidad de dinero. Al controlar el flujo y el reflujo de los dólares y las inversiones, provoca el crecimiento o la recesión del mercado mundial y controla el desarrollo de la economía mundial. Gracias a este control, se apropia de gran parte de esta producción (en forma de depredación y renta imperial). Entre una apertura y un cierre de liquidez, entre una salida y una repatriación de capitales, cosecha extraordinarios beneficios organizando espantosas crisis financieras en todas partes, pero sobre todo en América Latina y en el Sudeste Asiático”. 

Sin embargo, Lazzarato expresa en su libro cómo, en estos tiempos, la hegemonía del Imperialismo yankee viene siendo resquebrajada por la construcción progresiva (en las últimas dos décadas) de un mundo multipolar, comandado fundamentalmente por China, pero también en parte por Rusia, como potencias emergentes. Ambos países constituyen, para Estados Unidos, grandes competidores en los mercados internacionales, razón por la cual la guerra sigue resultando ineludible para la prosecución del “sueño americano”, tal como se viene viendo con la intervención estadounidense en Ucrania y en el conflicto Israel-Palestina.

Si me seguiste hasta acá, entonces, posiblemente estés pensando lo mismo que yo mientras leía a Lazzarato: qué gilada tan grande la pretensión del gobierno de reposicionar a la Argentina como lame botas de la política estadounidense, y vilipendiar abiertamente a China y nuestras relaciones diplomáticas con ella. Como se dice en la jerga juvenil: pues sí, mi ciela. Y es que, tal como también expresara Lazzarato, el neoliberalismo constituye una práctica de gubernamentalidad, un conjunto de técnicas, tanto materiales como discursivas, auxiliares del nuevo imperialismo (monetario) para estabilizar, reproducir y consolidar su supremacía mundial. Dichas técnicas, que en verdad son políticas que garantizan la posibilidad de intervención del dólar en una economía que no es la estadounidense, consisten fundamentalmente en: privatizar todo lo público (servicios sociales y empresas públicas, lo que había sido propuesto en la Ley Ómnibus); repatriar en su totalidad las ganancias producidas por los inversores estadounidenses, en lugar de servir al desarrollo del país (en términos del gobierno, un régimen de incentivo a las grandes empresas que implica saqueo y robo de nuestros recursos naturales y humanos, en lugar de realizar uno que agregue valor a nuestra economía y transfiera tecnología); aplicar un sistema tributario regresivo favorable al capital extranjero o local, y en detrimento de los sectores trabajadores/populares; establecer nuevos derechos de propiedad para empresas extranjeras sobre empresas nacionales para que puedan comprarse las más rentables; apertura de la propiedad y el control de los bancos, que serán rápidamente absorbidos por grupos bancarios y financieros estadounidenses y británicos; restricción del derecho de asociación y huelga de los trabajadores y, especialmente, de los empleados públicos, etc. En definitiva, básicamente, todo lo propuesto en el DNU.

Ahora bien, más allá de la incredulidad que nos pueda generar dar cuenta de la irresponsabilidad del gobierno al aferrarse a una potencia en decadencia, a la que tiene más interés de salvar que a la propia Argentina (por supuesto, porque cree que el bienestar derramará sobre nosotros si a EEUU le va bien y, sobre todo, si Trump gana las elecciones este año), lo que debe quedar claro es que dar de baja el DNU 70/2023 es vital para evitar no solo lo mencionado anteriormente, sino también para impedir el ingreso inescrupuloso de las multinacionales que aún no habitan el suelo argentino, y que las que ya lo habitan (mientras pagan miserables impuestos por la explotación de nuestros recursos naturales), no se la lleven más de arriba. El ejemplo claro de ello es el artículo 154, que deroga la Ley de Tierras 26.737, que lleva el nombre no tan escondido (como el lago) de Joe Lewis.

Entonces, para ir terminando, nos preguntamos: ¿qué perspectivas posibles tenemos a futuro, dentro de un presente tan cruel? En principio, es claro que en los años venideros se profundizará el debate ya abierto sobre la democracia y su utilidad. Si la democracia se funda, como dijera Lazzarato, en el carro de compras, es preciso recordar que ello es responsabilidad casi exclusiva de Estados Unidos, que durante todo el siglo XX “luchó” por “exportar” la democracia al mundo, construyendo a la misma como un sinónimo del acceso al consumo (en clara oposición al devenir de la Unión Soviética), pero obstaculizándole cada vez más a las naciones el desarrollo nacional que permite dicho consumo. En este sentido, la historia de EEUU con América Latina es de expoliación permanente. Y eso es lo que, justamente, en los 40 años de democracia ininterrumpidos que llevamos en la Argentina siempre ha constituido el quid de la cuestión: las crisis de 1989, del 2001 y la que nos encontramos atravesando actualmente han construido la conciencia de que en nuestro país, de forma recurrente, se vuelve inevitable el ajuste y el sufrimiento económico, sin dar cuenta de que eso sucede desde hace casi 50 años (a partir del inicio de la última dictadura) porque le estamos pagando el estilo de vida a los yankees. En síntesis: nos venden el estilo de vida americano, los países se endeudan con los mismos creadores de dicho sueño bajo el discurso de que es para financiar su réplica nacional; los yankees utilizan los reembolsos del dinero prestado con intereses extraordinarios para preservar la producción empresarial, la estructura estatal y la vida de los estadounidenses en general; la deuda se vuelve insostenible para quienes la contrajeron una vez que se terminan los bienes públicos por rifar, la inflación incrementa ante la falta de dólares, los salarios se pulverizan, se sucede una crisis política e institucional, y el círculo se reinicia.

¿Estamos entonces ante el fin de la democracia, por su imposibilidad de sostener e incrementar el consumo popular? Lazzarato no es muy optimista, pues plantea que el fracaso de la democracia en esta empresa está generando (a las claras) el ascenso de los fascismos, lo que hace que la guerra se vuelva cada vez más inminente a nivel mundial. Sin embargo, y como esto también pasará (aunque dejando como saldo la pérdida de muchas vidas y muchos sueños), es momento de pensar en la resistencia sí, pero también en el horizonte. Y ahí sí, coincido con Lazzarato, en que el horizonte tiene que volver a ser utópico, y la utopía debe ser revolucionaria. 

¿Pero por qué retomar la revolución, cuando es un concepto que parece cada vez más vetusto? Porque el gran hecho histórico que nos trajo hasta acá ha sido la caída del Muro de Berlín y el fin de la perspectiva de que existe otra forma de vida posible. Si los derechos laborales y sociales con los que aún contamos en el marco del Capitalismo fueron creados en el contexto del mundo bipolar y la amenaza de la Unión Soviética, es justamente eso lo que debemos reconstruir: una alternativa. La misma necesariamente deberá articular a los “movimientos emancipatorios”, como expresa Lazzarato: a los feminismos, la lucha ambiental, la racial y la clasista, y deberá integrarlos en una propuesta común. Así, en algún momento habrá que dejar la segmentación posmoderna que se nos ha (y nos hemos) impuesto. En términos ambientales, no queda mucho tiempo. Hay que construirlo, y siempre en el marco de un mundo multipolar.